Familiares y abogados de la paciente Martha Liria Sepúlveda rechazaron el reversazo de la IPS Incodol para practicarle la eutanasia que estaba programada para las 7:00 de la mañana de este domingo, y la cual había sido aprobada por la EPS Sura.
Martha Sepúlveda, mujer de 51 años y residente en Bello, había sido autorizada para acceder a una muerte asistida debido a la Esclerosis Lateral Amiotrófica que padece desde el 2018, y que según sus abogados está en un nivel “grave e incurable, y los dolores y sufrimientos que padece son incompatibles con su idea de dignidad humana”.
Federico Redondo Sepúlveda, hijo de la paciente, anunció que llevarán el caso ante los jueces a través de una acción de tutela, pues la decisión de su madre de morir no ha cambiado pese a lo que consideran es una decisión “ilegal y arbitraria” que desconoce la autorización que dio la Corte Constitucional el 22 de julio de este año para los pacientes no terminales.
Según el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad, el caso fue analizado nuevamente el viernes “de forma amplia y suficiente”, determinando que “este no cumple con el criterio de terminalidad, como se había considerado en el primer comité”.
Sobre esto el hijo de Martha aseguró que es el paciente quien debe solicitar una nueva evaluación, y ellos no lo pidieron. Además, dicen que una entrevista en un medio de televisión no puede ser el material médico para evaluar un caso, pues el comité no la revisó presencialmente.
Finalmente, pidió que la IPS Incodol sea investigada. La acción judicial es liderada por el Laboratorio de Derechos Sociales y Culturales, DescLab.
Martha Sepúlveda, mujer de 51 años y residente en Bello, había sido autorizada para acceder a una muerte asistida debido a la Esclerosis Lateral Amiotrófica que padece desde el 2018, y que según sus abogados está en un nivel “grave e incurable, y los dolores y sufrimientos que padece son incompatibles con su idea de dignidad humana”.
Federico Redondo Sepúlveda, hijo de la paciente, anunció que llevarán el caso ante los jueces a través de una acción de tutela, pues la decisión de su madre de morir no ha cambiado pese a lo que consideran es una decisión “ilegal y arbitraria” que desconoce la autorización que dio la Corte Constitucional el 22 de julio de este año para los pacientes no terminales.
Según el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad, el caso fue analizado nuevamente el viernes “de forma amplia y suficiente”, determinando que “este no cumple con el criterio de terminalidad, como se había considerado en el primer comité”.
Sobre esto el hijo de Martha aseguró que es el paciente quien debe solicitar una nueva evaluación, y ellos no lo pidieron. Además, dicen que una entrevista en un medio de televisión no puede ser el material médico para evaluar un caso, pues el comité no la revisó presencialmente.
Finalmente, pidió que la IPS Incodol sea investigada. La acción judicial es liderada por el Laboratorio de Derechos Sociales y Culturales, DescLab.