En cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, la Alcaldía de Medellín ya adjudicó el contrato para construir la primera gran cárcel para personas sindicadas. Es decir, que están privadas de la libertad pero que aún no han sido condenadas por un juez.
La nueva cárcel estará ubicada en San Cristóbal, en el suroccidente de la ciudad, y tendrá una capacidad para albergar a 1.339 personas privadas de la libertad, mitigando así el hacinamiento de hasta el 218% que se presenta en las cárceles y en los sitios de paso.
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Con esta iniciativa se busca dignificar las condiciones de la población sindicada privada de la libertad, ofrecer atención y acompañamiento psicosocial y descongestionar el sistema carcelario. Además, se cumple con los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que obligan a los epicentros metropolitanos a tener un reclusorio de estas características para cumplir con la ley.
La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas es la entidad responsable de la estructuración completa del proyecto con un equipo “in house” que no requirió acompañamiento externo. Los estudios de factibilidad se tasaron en $2.717 millones.