Como si estuviéramos en tiempos del covid–19, Colombia está en una emergencia sanitaria establecida por el Ministerio de Salud vía resolución, esta vez por cuenta de un brote de fiebre amarilla que hace especial presencia en el Tolima. Con la diferencia de que la realidad epidemiológica de ese virus dista años luz de la que paralizó el mundo en 2020.

Aun con esa realidad, el Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene al país embarcado en un mar de alertas, restricciones y requerimientos, así como del inicio de una vacunación masiva contra la enfermedad acompañada de desinformación y de falta de sustento científico, según expertos en la materia consultados por EL COLOMBIANO.

Para empezar vale explicar que la fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda y endémica en áreas tropicales de África y de Latinoamérica, la cual se propaga mediante la picadura de un mosquito por medio del ciclo selvático o del ciclo urbano. El selvático es cuando un mosquito (el Sabethes y el Haemagogus) pica a un mico con el virus y lo transmite a otros simios, así como a los humanos que se encuentren en ese tipo de zonas; entre tanto, el urbano es cuando una persona infectada con el virus va a una zona poblada (ciudad o municipio), lo pica otro mosquito (el Aedes aegypti) y este pica a otros seres humanos.

La fiebre amarilla se transmite únicamente por la picadura de los mosquitos y no por contacto personal, es decir, una persona no se la pega a otra, sino que es el zancudo el que lo propaga, tanto de monos a monos, de monos a humanos y de humanos a humanos. Para esa enfermedad, afortunadamente, existe vacuna desde finales de los años 30 y, de hecho, Colombia fue el tercer país que la produjo después de Estados Unidos y Brasil.

Con esto claro, vale decir que en Colombia el contagio sigue siendo mediante el ciclo selvático, pues no hay evidencia de que haya habido algún cambio epidemiológico que muestre que el ciclo cambió, según aseguraron desde el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS). Solo hay reporte de un caso de una menor de edad en Ibagué, Tolima, el departamento que más casos ha reportado en 2024 y 2025 con 65 casos, de los que han fallecido 24.

Y es en este escenario en que vale preguntarse si una campaña del tamaño que ha anunciado el presidente Gustavo Petro es totalmente necesaria. El mandatario afirmó el pasado 18 de abril que “en dos meses toda la población colombiana debe estar vacunada contra la fiebre amarilla”; así mismo, que esa estrategia tendría un valor de entre $600.000 millones y $1 billón, que se necesitan para adquirir cerca de 14 millones de dosis.

A la par, el ministerio expidió la resolución 691 de 2025 con la que declaró la emergencia sanitaria y estableció como medida prioritaria de protección que todas las personas desde los 9 meses en adelante, sin límite de edad, deben vacunarse si viven o van a viajar a zonas de riesgo. De igual manera, impuso restricciones a la movilidad, que serán impartidas por la Policía a nivel local en los municipios de Riesgo Muy Alto “tendientes a que las personas que no cuenten con antecedente vacunal no se constituyan en un factor que incremente la transmisión”.