Transportadores y comunidades del tramo Santuario–Caño Alegre han denunciado al menos 560 huecos en esta vía troncal, lo que no solo afecta la fluidez del tráfico, sino que además ya provocó tres accidentes graves en los últimos meses.

Hastiados del estado “intransitable” de la carretera, usuarios llegaron al extremo de bloquear varias zonas, con pancartas y obstáculos, forzando al Invías a responder ante la persistente alarma ciudadana.

Reparcheo en dos tiempos

Tras el último bloqueo, Invías anunció el arranque inmediato de trabajos de mantenimiento estructurado: se activarán dos frentes simultáneos. En primer lugar, la maquinaria ligera se encargará del reparcheo provisional en huecos críticos; en paralelo, se pondrá en marcha un frente técnico con mezcla asfáltica en caliente para intervenciones más duraderas.

Además, habrá un barrido visita-comunidad para identificar con precisión los puntos prioritarios, complementado por la atención a deslizamientos y muros comprometidos.

Recursos en pugna

Aunque existe un contrato de Gestión Vial Integral (GVI) que abarca tramos entre los kilómetros 5 y 20 y del 40 al 60, con una inversión de más de $19 000 millones, la Asociación de Transportadores de Antioquia (ATPA), liderada por Juan Pablo Acosta, insiste en que no basta.

Reclaman transparencia sobre los recursos recaudados en los peajes —alrededor de $75 000 millones al año— y exigen que Bogotá envíe más fondos para extender las reparaciones, sobre las frágiles bases del contrato vigente.

Invías, por su parte, asegura estar gestionando una nueva fase del contrato GVI con adición presupuestal (unos $1 500 millones extras), para ampliar el alcance de los bacheos y labores rutinarias, así como ofrecer grúa, ambulancia y señalización en tramos críticos.

Queda en manos del Gobierno nacional y la ANI garantizar que estas acciones no se queden en “parcheos” temporales, sino que aseguren una infraestructura que resista el paso del tiempo y de los vehículos que transitan diariamente por esta arteria vital.