El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay murió a las 1:56 a. m. de hoy lunes 11 de agosto de 2025, tras permanecer hospitalizado durante más de dos meses como consecuencia de un atentado sicarial perpetrado durante un mitin político en Bogotá el pasado 7 de junio.

El ataque lo dejó en estado crítico luego de recibir varios impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, lo que derivó en un sangrado intracerebral y un edema cerebral que finalmente causaron su muerte.

La pérdida ha desatado una profunda conmoción y luto en todo el país, desde líderes políticos hasta ciudadanos de a pie. El expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que “mataron la esperanza” y exhortó a que la lucha de Uribe Turbay sea luz para Colombia.

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez expresó que la violencia no puede seguir marcando el destino democrático del país, y el Centro Democrático, su partido, lo recordó como un ser humano íntegro cuyo legado inspira servicio y patriotismo.

En el plano internacional, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se solidarizó con la familia del senador y el pueblo colombiano, al mismo tiempo que exigió justicia para los responsables del crimen.

Esta exigencia de justicia se ve reflejada también en el ámbito judicial local: la Fiscalía General investiga el caso como un crimen político, se han capturado a seis sospechosos —incluido un menor detenido en el lugar del asesinato—, y la autoridad ofrece recompensas por información sobre los autores intelectuales.

La Rama Judicial de Colombia condenó enérgicamente el atentado y llamó a defender la vida y la democracia, exhortando a que las investigaciones se conduzcan con prontitud, rigor y transparencia.

Este trágico episodio ha reavivado el debate sobre la violencia política en el país, la fragilidad de la seguridad para dirigentes públicos y la necesidad urgente de garantías en los procesos electorales. La exigencia de justicia no solo resuena como un reclamo penal, sino como un imperativo moral para preservar la convivencia institucional y el derecho a la participación democrática en Colombia.