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También se investigan irregularidades en el manejo y transporte de los cadáveres infectados con el virus
La Superintendencia de Industria y Comercio requirió a 86 funerarias del país vinculadas a presuntas “demoras en la prestación del servicio, deficiente manejo de la información brindada a familiares de personas fallecidas y cobros adicionales” durante la emergencia.
La SIC investigará si las funerarias modificaron los precios que se tenían hasta antes del 17 de marzo de este año, cuando el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para atender la pandemia.
Los 86 prestadores de servicios funerarios también son investigados por posibles fallas en el manejo, transporte y disposición de los cadáveres infectados con el virus, para evitar nuevos contagios. La SIC confirmó que varios consumidores presentaron quejas y denuncias.
En caso de confirmar los presuntos sobrecostos y demás irregularidades, la SIC podría aplicar multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales, y otra multa de 1.000 SMMLV si no entregan la información requerida en los tiempos establecidos.
