El martes 3 de junio de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en una alocución televisada su decisión de convocar por decreto una consulta popular sobre la reforma laboral, luego de que el Senado rechazara la propuesta en mayo. Petro argumentó que la votación en el Senado fue fraudulenta y que el pueblo debe decidir sobre el futuro de la reforma.
La consulta incluirá las 12 preguntas originales relacionadas con la reforma laboral, excluyendo las cuatro adicionales sobre salud. El presidente enfatizó que la Corte Constitucional evaluará la legalidad del decreto.
La oposición política ha reaccionado con dureza. Ocho partidos, incluidos Cambio Radical, Centro Democrático y Partido Conservador, calificaron la decisión como un "golpe de Estado", argumentando que desconoce la separación de poderes y la decisión legítima del Senado.
Además, se ha anunciado que se presentará una demanda ante el Consejo de Estado para frenar la convocatoria de la consulta, en caso de que la Registraduría la apruebe. Los demandantes argumentan que la convocatoria por decreto es inconstitucional y vulnera el equilibrio de poderes en el país.
El presidente Petro sostiene que su decisión busca restablecer el Estado social de derecho y la soberanía popular, permitiendo que los ciudadanos decidan sobre una reforma que considera esencial para mejorar las condiciones laborales en Colombia.
La situación ha generado un intenso debate jurídico y político en el país, mientras se espera la evaluación de la Corte Constitucional sobre la legalidad del decreto y la respuesta del Consejo de Estado ante la demanda anunciada.
