La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, aún tendría una posibilidad de evitar una condena superior a 20 años de prisión, si decide aceptar su responsabilidad ante la justicia. Así lo dejó entrever la Fiscalía General de la Nación en un documento oficial fechado el pasado 30 de mayo, en el que se confirma que la exfuncionaria solo podrá acogerse a un preacuerdo judicial, lo que reduciría significativamente su pena.

Ortiz está en el centro de uno de los escándalos de corrupción más graves que ha enfrentado el actual Gobierno, tras ser señalada por coordinar, junto a Olmedo López, la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con el fin de garantizar el respaldo del Congreso a varias reformas impulsadas por la Casa de Nariño.

De acuerdo con la Fiscalía, Ortiz habría sido quien personalmente trasladó el dinero los días 12 y 13 de octubre de 2023, desde el Hotel Tequendama hasta la residencia del senador Name. Todo esto, presuntamente bajo instrucciones de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, ya imputado por delitos como cohecho, peculado y lavado de activos.

Aunque inicialmente Ortiz buscó un principio de oportunidad que le garantizara inmunidad a cambio de colaboración, esta alternativa ya no está sobre la mesa. Según el ente acusador, sus declaraciones no aportaron información relevante ni verificable, y sus señalamientos fueron considerados infundados, incluyendo los hechos que involucraban al magistrado Vladimir Fernández.

Así, la única vía que le permitiría evitar una condena de al menos dos décadas de prisión sería un preacuerdo, que implicaría reconocer su participación en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, por los que será formalmente acusada el próximo 12 de junio.

De no hacerlo, la Fiscalía ha advertido que el castigo no será inferior a 20 años y que también enfrentará una inhabilidad permanente para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.

La decisión final está ahora en manos de Sandra Ortiz, quien deberá escoger entre aceptar su responsabilidad a cambio de una rebaja sustancial de la pena, o ir a juicio con un futuro judicial mucho más incierto y severo.