La decisión fue oficializada mediante dos resoluciones, en las que el organismo explicó que la suspensión —y no cancelación— obedece a los retrasos del Gobierno Nacional en el desembolso del dinero necesario para garantizar la logística electoral.

La jornada debía realizarse en los municipios de Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral, Guarne, El Santuario y San Vicente Ferrer, donde los ciudadanos definirían si respaldan la creación del esquema asociativo.

El proceso ya había cumplido con todos los pasos de ley: la firma de intención del gobernador Andrés Julián Rendón y los ocho alcaldes, los conceptos positivos de las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso, la autorización de la Registraduría, y la pedagogía ciudadana que ya se encontraba en marcha.

Por ahora, la atención se concentra en la tutela interpuesta por el gobernador y los mandatarios locales ante un juzgado de Medellín, la cual fue admitida para estudio el pasado 22 de octubre. De acuerdo con la ley, el despacho tiene hasta el 5 de noviembre para pronunciarse.

La acción busca que el juzgado le ordene al Ministerio de Hacienda realizar el giro de recursos de manera inmediata y así permitir que la consulta se lleve a cabo.